Uno de los siete detenidos en la 'Operación Corona' mantiene que era para consumo propio

Uno de los siete detenidos en la 'Operación Corona' contra el tráfico de drogas, el único que no ha pactado su condena con el Fiscal, ha alegado que la droga era para consumo propio y ha negado que fuera colaborador del principal implicado. El resto de los procesados han asumido distintas penas.

Es la versión facilitada por Emilio C.F, un limpiacristales de profesión que ha ocupado en solitario el banquillo de la Audiencia de Valladolid, donde el fiscal le ha pedido dos años y ocho meses de cárcel, después de que el resto de procesados se declarara culpable y aceptara una considerable rebaja de sus condenas, que globalmente no superan los 15 años de privación de libertad.

En su declaración, Emilio ha negado colaborar con el principal procesado, Roberto S.G, en la distribución de droga y ha mantenido que el día de su detención, el 20 de julio de 2016, había quedado con el citado vendedor para que le suministrara 30 gramos de 'coca', a cambio de 1.150 euros que la policía le intervino ocultos dentro de una cajetilla de tabaco.

"El dinero era para pagar deudas pendientes y la mercancía que me iba a suministrar", ha explicado el procesado, quien se ha declarado consumidor habitual, a razón de 1,5 y 2 gramos de 'coca' semanales -sigue tratamiento en Cruz Roja-, y ha especificado que el dinero que le fue ocupado por la policía lo había ganado haciendo trabajos de limpiacristales y otros 'chapuces' de pintura.

Policías que intervinieron en el operativo han reconocido no haber visto a Emilio realizar pase de droga alguno y han declarado que su detención se produjo a raíz de los 'pinchazos' telefónicos realizados a Roberto S, a través de los cuales se conoció la entrega de droga que este último pretendía efectuar al cristalero, quien fue detenido en el portal de su casa, en el Paseo del Cid, cuando esperaba la llegada de su proveedor .

Seis de los siete presuntos 'narcos' que fueron detenidos en julio de 2016 en la capital y Cabezón de Pisuerga, en el marco de la 'Operación Corona', en posesión de 600 gramos de cocaína como consecuencia de los registros practicados en sus domicilios, han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal que reduce a la mitad, en concreto a menos de 15 años, el conjunto de penas asumido por ellos, con lo que el juicio previsto para este lunes se celebrará con un único inquilino en el banquillo.

Quienes sí han pactado ya sus condenas son el aludido Roberto S.G, en concreto tres años y 30.000 euros frente a los cinco años y 80.000 euros que pedía en principio el fiscal; Jorge V.R, otros tres años y 8.000 euros, junto con una multa de 960 euros por resistencia y una indemnización de 250 euros en favor de dos agentes que resultaron lesionados--inicialmente se exponía a cuatro años y medio y 20.000 euros, así como Miguel Ángel P.V, María Esmeralda M.P, Marta P.M. y Carmen G.A, que, expuestos a cuatro años cada uno, han aceptado penas de un año y medio de privación de libertad y, además, el primero de ellos una multa de 300 euros.

En el caso de Marta P.M. y Carmen G.A, ambas son consideradas cómplices de un delito de tráfico de drogas, mientras que a Roberto S.G. y Jorge V. se les aplica la atenuante de drogadicción.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril del pasado año, cuando la policía tuvo conocimiento de que una persona, Roberto S.G, figuraba, al menos en los últimos cuatro años, como proveedor intermedio de sustancias estupefacientes de otros conocidos narcotraficantes de la provincia considerados distribuidores finales.

Durante este tiempo, los agentes establecieron zonas de vigilancia y pudieron comprobar cómo el cabecilla llevaba un alto nivel de vida sin que tuviera ocupación laboral alguna ni actividad legal que pudiera justificar tanta propiedad como tenía.

Igualmente, los investigadores comprobaron que éste suministraba la sustancia, al menos, a otras personas que, a su vez, vendían a otros consumidores, cada uno en una zona distinta de la provincia de Valladolid.

MÁS DE 600 GRAMOS DE COCAÍNA

Así, el 21 de julio del pasado año la policía efectuó un registro en la vivienda del Paseo Juan Carlos I en la que Roberto S.G. residía junto a su madre, Carmen G.A, también imputada, así como en otra en la calle Faisán de su hermana, residente en el extranjero, y en otra del primero en Cabezón de Pisuerga, además de en una cuarta en La Cistérniga, propiedad de Jorge V.R, en las que se ocuparon en total 627 gramos de cocaína por importe de 29.000 euros, 6.340 euros, tres armas de aire comprimido, siete teléfonos móviles, dos vehículos, una motocicleta y diversos útiles para la preparación y venta de droga.

En el escrito del fiscal aceptado por seis de los siete procesados se da por probado que que la madre de Roberto S.G. era perfecta conocedora de la actividad ilícita de éste y hacía para él funciones de vigilancia y comprobación de que la sustancia que se encontraba escondida en la casa de la calle Faisán se encontrara "incólume".

Pero además, considera acreditado que el aludido, junto con Emilio C, el único que se declara inocente y ha rechazado una sentencia de conformidad, suministraba la mercancía, para su posterior distribución, a María Esmeralda M.P, que, desde su trabajo como camarera en un bar hacía funciones de mediadora, así como a otros traficantes al por menor como Miguel Ángel P.V. o Jorge V.R, este último desde su vivienda en La Cistérniga.

Dicho acusado fue detenido el 20 de julio en las inmediaciones de su piso en posesión de 3.400 euros destinados a pagar a Roberto S. parte de la droga suministrada anteriormente.

En el momento de su detención, Jorge V.R. pidió a un agente que le aflojara los grilletes porque le hacían daño, momento que aprovechó para oponer gran resistencia y escabullirse momentáneamente--varios agentes resultaron lesionados--mientras pedía a gritos a su pareja, Marta P.M, también imputada, que tirase la droga, momento en que ésta fue sorprendida tratando de deshacerse de la misma por el inodoro.