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CAPITAL

Pilarica, 731 días en estado de aislamiento

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Actualizado 14/09/2017 18:22:47
Redacción

Los vecinos denuncian que no hay “alternativa real”

El paso a nivel de la plaza de Rafael Cano, en el barrio de La Pilarica de Valladolid, cumplirá dos años cerrado el próximo viernes, 15 de septiembre, como han recordado fuentes de la Asociación de Vecinos, que aseguran sentirse "frustrado, engañados, olvidados por unos y por otros".

"De momento", ha apuntado la Asociación en un comunicado recogido por Europa Press, "sólo hay promesas de proyectos, pero ningún paso alternativo real", lo que consideran que "no es, ni de broma, un funcionamiento eficaz de la administración".

El 15 de septiembre de 2015, Adif informó del cierre, en principio provisional, del paso a nivel a causa de las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad Valladolid-Palencia-León, las cuales se alargaron y mantuvieron el vial cortado hasta que el día 29 de ese mismo mes se puso en funcionamiento la línea de AVE.

Desde entonces, han pasado dos años en los que los vecinos de Pilarica no han podido tener todavía un paso alternativo en el barrio para tráfico rodado, mientras que el peatonal denuncian que se encuentra en condiciones precarias.

Los planes para construir un túnel para tráfico rodado entre las calles Nochevieja y Andrómeda, a cargo del Administrador de infraestructuras ferroviarias y presupuesto en 10 millones de euros, y un paso inferior peatonal, que ejecutará el Ayuntamiento con un coste previsto en 5 millones; señalan que las obras podrían estar concluidas, respectivamente, en 2019 y en 2018.

La Asociación vecinal ha recordado que todas las administraciones aseguraron hace dos años que el paso a nivel no se cerraría, por lo que han concluido que "algo no funciona bien con muchos de los políticos y con las administraciones".

Asimismo, han subrayado que se constituyó la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), con el soterramiento del tren como "uno de sus fines principales, pero 14 años después de la presentación del proyecto conocido como Plan Rogers "no hay ni un solo metro de túnel excavado en el casco de la ciudad de Valladolid".

Además, han lamentado "la ausencia de una acción conjunta de todos los integrantes de la corporación municipal" para conseguir que el Ministerio de Fomento financiara el soterramiento, para lo cual consideran que deberían haber "implicado a todos los diputados por Valladolid en el Parlamento nacional", algo que entienden que sí que han hecho los diputados del PNV para lograr el compromiso de soterramiento en las capitales vascas.

También han reprochado que el Partido Popular, que estuvo 20 años en el Gobierno municipal de Valladolid, no realizó la obra y ahora "se han convertido en los máximos defensores de la misma", mientras que "quienes estaban en la oposición" y en su día reclamaban el soterramiento, en referencia al PSOE y Valladolid Toma la Palabra, "lo liquidan desde el Gobierno municipal".

Nuevo convenio

Además, han advertido que el convenio que se suscribirá entre Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y Ministerio de Fomento (Renfe y ADIF), que sólo contempla una serie de obras con túneles y pasarelas para integrar las vías en la ciudad "mantiene la fórmula de financiación con la venta de suelo, pero sin enterramos el tren".

Asimismo, han advertido de que el convenio, que fue aprobado en el Pleno municipal de la pasada semana, "contiene condiciones leoninas para el Ayuntamiento", pues pese a que Fomento adelanta el dinero para solventar la deuda de la Sociedad (400 millones de euros), "se pone siempre el primero para cobrar tras la venta de suelo, adquiere la titularidad de los talleres de RENFE y exige la edificabilidad máxima para los terrenos liberados".

Mientras tanto, han criticado, los vecinos "quedan en medio" y ven "cómo el interés de cada partido político, la lucha partidista y las ansias de poder se anteponen al bien general de la ciudad y de las personas".

"Los únicos con voz autorizada para realizar dicho relato son las personas que llevan 731 días encerrados sin haber cometido delito alguno", han aseverado, pues en este tiempo entienden que los representantes públicos han incurrido en la "falta de rigor, la incoherencia, el desprecio a la palabra dada, la ineficacia, la falta de respeto a muchas personas".

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