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SOCIEDAD

El acusado de apropiarse de fondos de su comunidad mantiene su inocencia

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Actualizado 28/11/2017 16:35:55
Redacción

Las cajeras de la entidad alegan que es el único que pudo retirar los 2.400 euros

Carlos V.V, el que fuera secretario de la comunidad de propietarios 'Urbanización Vega de San Miguel' desde noviembre de 2011, acusado de extraer en 2013 de la cuenta comunitaria un total de 2.400 euros, ha mantenido su inocencia.

El acusado ha alegado que difícilmente pudo acudir a la entidad bancaria debido a que por aquel entonces se hallaba convaleciente en su domicilio tras haber sido sometido a una delicada operación quirúrgica.

Pese a que las acusaciones pública y particular solicitan para el encausado un año y tres años y cinco meses de cárcel, respectivamente, por delito de apropiación indebida, con la agravante de abuso de confianza, según añade el letrado de la comunidad de propietarios.

El antiguo secretario, cabo primero del Ejército, ha insistido en su inocencia y asegura no tener explicación alguna al hecho de que su DNI y firma aparecieran en los recibís de los tres reintegros efectuados los días 3 y 10 de junio y 16 de julio de 2013 por importes de 200, 1.000 y 1.200 euros, respectivamente, en la sucursal de Caja Laboral sita en Plaza España.

"¡No me lo explico!", ha reiterado Carlos V.V, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha dejado entrever además que la querella presentada contra su persona por la comunidad de propietarios puede guardar relación con supuestos "enfrentamientos" existentes entre los comuneros por "temas internos".

En cualquier caso, el militar ha justificado su inocencia en la imposibilidad material de que por aquellas fechas pudiera acercarse por su propio pie hasta la entidad bancaria, ya que el 24 de mayo había sido operado de una hernia discal y permaneció impedido en su domicilio, "del sofá a la cama y de la cama al sofá", durante los siguientes quince días.

Sin embargo, las dos empleadas de Caja Laboral que validaron las tres extracciones de fondos de la referida comunidad de propietarios han mantenido con firmeza que exigieron al cliente el DNI y a posteriori éste estampó su firma en el recibí, como así quedó reflejado en la documentación aportada por la entidad bancaria.

"La operativa es siempre la misma, para los operaciones inferiores a 1.000 euros exigimos la presentación del DNI y para las superiores metemos además el documento en la aplicación informática", ha explicado con detalle una de las trabajadoras, quien, al igual que su otra compañera, mantiene por tanto la imposibilidad de que persona alguna distinta a la que aparece reseñada en el DNI pudiera recibir la autorización para sacar el dinero de la comunidad.

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