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CAPITAL

El PP difunde "cinco mentiras y cinco errores" del equipo de gobierno sobre el soterramiento

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Actualizado 17/11/2017 20:35:42
Redacción

Este lunes se firma el nuevo convenio que da inicio al proyecto de integración ferroviaria en superficie

El grupo municipal del PP ha recopilado en un documento las que son, según su opinión, las "cinco mentiras y cinco errores" en los que ha incurrido el equipo de gobierno del Ayuntamiento (formado por PSOE y Toma la Palabra) sobre el proyecto de integración ferroviaria en superficie sin el soterramiento, cuyo nuevo convenio se firma este lunes 20 de noviembre.

En este documento, difundido en las redes sociales del PP de Valladolid, se repasan argumentos ya planteados por los 'populares' en los últimos meses, desde que el pasado mes de febrero la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, formada por Adif, Renfe, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la capital, optará por un proyecto de permeabilización del corredor ferroviario mediante obras de adecuación y la construcción de hasta 17 pasos subterráneos y elevados.

Según el PP el "primer y más claro error" es haber "abandonado el soterramiento", pues supondría la "verdadera integración urbana de Valladolid". El segundo sería la propuesta de túneles y pasarelas, pues afirman que tendrán que "pagarlos los vallisoletanos" y "mantenerlos para siempre".

También apuntan que el Ayuntamiento tiene que destinar, de acuerdo con el convenio que se firmará este lunes, "155 millones de euros municipales" para este proyecto, por lo que entienden que "hará casi imposible replantear un soterramiento futuro".

Según informa Europa Press, en esa suma el PP incluye la cantidad comprometida por el Consistorio de acuerdo con su 25 por ciento de participación en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (75 millones) y otros 80 millones de euros que el Ayuntamiento dejaría de ingresar por la venta de los terrenos, medio pactado para compensar a Adif por haber asumido la devolución de los 404 millones de euros del préstamo de 2011.

El cuarto error, según los 'populares' es que el Ayuntamiento "asume el riesgo de sobrecoste" de las obras en las que según el convenio resultaría beneficiario, que están valoradas en 196 millones de euros, por lo que todo lo que exceda de esa cifra en los proyectos será sufragado por las arcas municipales.

Por último, inciden en que "todo esto se ha decidido sin tener en cuenta la opinión de los vecinos y sin tener en cuenta otras alternativas".

En cuanto a las "mentiras", el PP niega que la deuda sea de 400 millones de euros, pues el Ayuntamiento debería "como máximo 100" por su 25 por ciento de participación. Sin embargo, reprochan que "ahora va a regalar 75 millones y otros 80 de aprovechamiento del suelo".

También consideran falsos los 'populares' que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a devolver el crédito de 400 millones de euros, pues consideran que lo que hace es "anticipar el pago" para después cobrarlo al recibir en primer lugar lo que se obtenga con la venta de los terrenos. Si no se venden, advierte el PP, se activaría una hipoteca que pagaría después el Ayuntamiento.

Igualmente, desmienten el argumento del equipo de Gobierno de que en estos 15 años "no se ha soterrado un metro de las vías", pues el propio convenio señala que se ha soterrado un kilómetro en el Pinar y "dos kilómetros en el polígono de San Cristóbal", en posible referencia a la variante de mercancías que está incompleta.

El PP también defiende que es una "mentira" que el Ayuntamiento no tenga dinero para hacer el soterramiento, pues defienden que supondría según sus cuentas "31 millones de euros más" que "lo que ahora pone el Ayuntamiento" y supondría un total de 102 millones de euros, a una media de 6 millones a pagar cada año de los 17 en los que se prolonga el cronograma de inversiones del nuevo convenio.

La "quinta mentira" del equipo de Gobierno, según el PP, es que "el soterramiento no se hace porque Adif no quiere", pues los 'populares' han insistido en que el Administrador de Infraestructuras participa en proyectos de otras ciudades en las que consideran que los ayuntamientos "sí que lo han defendido".

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