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SOCIEDAD

Juicio contra una pareja de Arroyo acusada de vender heroína

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Actualizado 28/10/2017 12:30:15
Redacción

La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión

Una pareja vecina de Arroyo de la Encomienda, José Luis M.E. y Sandra G.V, que fue detenida en octubre de 2016 acusada de regentar en su domicilio de la urbanización 'Soto Verde' un punto de distribución de heroína al por menor, será juzgada este martes, 31 de octubre, en la Audiencia de Valladolid.

Con carácter provisional, cada uno de los procesados se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión y multa de 2.500 euros, que es la petición formulada por el Ministerio Fiscal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Ambos fueron interceptados en el marco de la operación 'Mirador Verde', a raíz de las investigaciones iniciadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid meses antes al detectarse un posible punto de venta de heroína en un piso de Arroyo de la Encomienda donde entre los vecinos ya empezaba a crearse una importante alarma social debido al constante trasiego de toxicómanos.

Se comprobó entonces que todo se desarrollaba en el entorno de la citada vivienda, lugar éste de encuentro de consumidores de esta sustancia estupefaciente que no sólo pagaban con dinero sino con objetos hurtados en establecimientos públicos próximos, que cambiaban por las dosis de droga.

Así, el 21 de octubre, con la preceptiva autorización judicial, los agentes practicaron un registro en el que se intervinieron 13,06 gramos de heroína, 3,20 de cocaína, casi 9 de cannabis, una báscula de precisión, útiles para el consumo de las sustancias referidas y 1.020 euros en metálico.

Viviendas conectadas

En el curso del registro, las fuerzas actuantes descubrieron que desde la terraza de la cocina de la vivienda A se podía estar accediendo, a través de un ventanal compartido, al B del mismo piso.

Los agentes se percataron de que las cerraduras de dicho piso y también del C estaban violentadas, dándose la circunstancia de que la puerta del B podía abrirse con unas llaves que estaban en el domicilio de los detenidos, lo que motivó que se solicitara autorización para acceder a los otros dos inmuebles.

La policía comprobó igualmente que la vivienda de los encausados estaba ocupada por compradores que consumían la sustancia allí mismo adquirida, así como que los pisos de las letras B y C, entonces deshabitados, eran usados también por los consumidores.

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