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PROVINCIA

Varapalo judicial a la oposición de Zaratán al quedar anulada la rebaja del sueldo de la alcaldesa

Varapalo judicial a la oposición de Zaratán al quedar anulada la rebaja del sueldo de la alcaldesa
Susana Suárez, alcaldesa de Zaratán, junto a Martínez Maíllo, del PP.
Actualizado 19/10/2017 19:14:42
Redacción

La propuesta fue aprobada en pleno hace un año y la regidora popular pasó de cobrar 34.000 a 12.000 euros en régimen de dedicación exclusiva

El acuerdo de pleno celebrado hace un año en el que la oposición en el Ayuntamiento de Zaratán aprobó la rebaja de sueldo en régimen de dedicación exclusiva de la alcadesa, Susana Suárez (PP), de 34.000 a 12.000 euros anuales ha sido anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid que ha estimado el recurso interpuesto por la regidora de la localidad.

El letrado de la demandante había denunciado la vulneración del principio de proporcionalidad considerando, en esencia, que el descenso de la retribución acordada --22.000 euros mensuales--, no se correspondía con las funciones que desempeña como alcaldesa, atendiendo a la importancia de dicho Ayuntamiento y a las relaciones que mantiene con otras entidades locales del entorno, así como por la falta también de proporción entre dicho sueldo y las cantidades asignadas a otros cargos con dedicación parcial por asistencia a sesiones.

Pero además, la regidora, a través de su abogado, denunció la existencia de una desviación de poder en cuanto a que el acuerdo adoptado a instancias de IU y respaldado por PSOE, Agrupación Independiente de Zaratán y el edil no adscrito, ratificado por el pleno el 22 de diciembre del mismo año, no tenía más finalidad que "castigar" a la demandante por su condición de alcaldesa, insistiendo en que era un "acuerdo frente a la persona y no en relación con el cargo".

Según informan a Europa Press fuentes jurídicas, en su sentencia, el juez del Contencioso-Administrativo 4 de Valladolid declara nulo el acuerdo plenario al no observar, y ésta es la razón por la que se considera que el acuerdo impugnado no es ajustado a derecho, que "la modificación de las retribuciones a percibir por el desempeño, en régimen de dedicación exclusiva, responda a criterios objetivos que tengan relación con la finalidad del régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales, ni tampoco con el contenido del cargo".

El primer hecho que, a juicio del juzgador, pone en evidencia esta circunstancia es que un mes y medio después de adoptar el acuerdo impugnado, el 22 de noviembre de 2016, se cambió, a instancias del mismo grupo político, el régimen retributivo, aumentándolo al doble, 24.000 euros, de lo que se fijó en el acuerdo adoptado el día 8 de noviembre, 12.000 euros, "sin que se observe que haya ocurrido nada que justifique esa modificación al alza cuando, como se ha dicho, un mes y medio antes la retribución se redujo de 34.000 euros anuales a 12.000".

Riesgos de una rebaja no objetiva

También advierte de que una reducción retributiva como la llevada a cabo, ligeramente superior al 60 por 100 respecto de la percibida con anterioridad, exige, a efectos de considerar cumplido el principio de proporcionalidad, una motivación objetiva especialmente intensa, "máxime si se tiene en cuenta que, atendiendo al nivel de renta que puede percibir una persona normal, la retribución inicial, 34.000 euros anuales, no parece que genere un riesgo de perpetuarse en el cargo, y la modificada, 12.000 euros al año, puede generar un riesgo de dejar de desempeñar el cargo, con la trascendencia que ello tiene en lo que se refiere al ejercicio del derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución".

El acuerdo de pleno acordaba igualmente el desempeño, en régimen de dedicación parcial, de los cargos de concejal de Hacienda, Desarrollo económico y Servicios y el de concejal de Festejos,

Cultura y Juventud, asignando la retribución a percibir en función del tiempo de dedicación parcial fijado, si bien con respecto a dichos emolumentos el tribunal, que impone 500 euros de costas al Consistorio por el presente proceso, no se pronuncia al entender que la demanda tan sólo se refiere al caso concreto de la alcaldesa.

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