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CAPITAL

Fiscalía pide 9 años de cárcel para De la Riva por el aval del soterramiento

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Actualizado 21/09/2017 16:22:39
Redacción

El ex alcalde de Valladolid también recibiría una condena de 33 años de inhabilitación

Fiscalía de Valladolid ha solicitado una condena global para el ex alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva, quien sufriría nueve años de cárcel y 33 de inhabilitación por las tres cartas de conformidad suscritas por el ex regidor en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval y la última de ellas que comprometía a la institución local a aportar 100 millones de euros, el 25% del crédito de 400 que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento del ferrocarril.

En su escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 4, la acusación pública imputa al ex alcalde tres delitos de prevaricación y otros tantos de falsedad documental y, junto con la pena de cárcel y su inhabilitación, pide para León de la Riva una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código Penal.

Hace unos días el Ayuntamiento de Valladolid daba a conocer su escrito de acusación en virtud del cual solicita para el ex regidor una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación por un presunto delito de falsedad documental y otro de prevaricación administrativa, así como siete de inhabilitación para Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, el primero aún en la bancada 'popular', en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de un delito de prevaricación pasiva o por omisión.

En virtud de las tres cartas, denominadas 'comfort letter', el Ayuntamiento se comprometía a desembolsar 100 millones de euros si la Alta Velocidad incumplía la obligación de devolver el préstamo y los intereses a los seis bancos acreedores.

Que declare el actual alcalde

Como prueba testifical, además del interrogatorio en el juicio de los acusados, a la Fiscalía le interesa la declaración del actual alcalde, el socialista Óscar Puente; el interventor general hasta julio de 2012, Jesús Velázquez Rodríguez, y su sustituto en el cargo, Rafael Salgado Gimeno.

El Pleno de la Corporación, celebrado el 3 de diciembre de 2002, había aprobado los Estatutos de la Sociedad y facultado al entonces alcalde, Javier León de la Riva, "con antecedentes penales que no causan reincidencia", para la firma de cuántos documentos fueran necesarios para la formal constitución de la Sociedad, de la que, desde ese momento inicial, ostentó el cargo de vicepresidente primero del Consejo de Administración.

Tras exponerse, las diversas ofertas presentadas por varias entidades bancarias, entre ellas una línea de crédito puente sindicada, a prestar por las entidades BBVA, Caja Madrid, La Caixa, Banco Santander, ICO y Caja España, siendo el banco agente el BBVA, se hizo expresa referencia a la exigencia, por todas las entidades con las que se había entablado negociación, de mayores garantías que las ofrecidas para financiar la operación.

Así, por unanimidad, se aprobó el incremento de la solicitud de financiación de 125 a 626 millones de euros, y se facultó al consejero delegado para continuar las negociaciones y para la posterior firma del contrato de crédito, previo el otorgamiento del visto bueno a los términos del mismo, otorgado por el presidente y los vicepresidentes primero y segundo.

Obviaron los trámites "de forma deliberada"

"Tanto el entonces alcalde de Valladolid, como los dos concejales delegados, obviaron, de forma deliberada, todo trámite, necesario aunque cuantitativamente no se superara el 110%, y no efectuaron comunicación alguna acerca de las garantías que, no previstas en el presupuesto municipal, vinculaban al Ayuntamiento".

Los acusados, "conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación, dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, entre las cuales, podría decirse que como requisito imprescindible, estaba la firma de la "carta de compromiso", actuando -aunque sólo el alcalde la suscribiera- sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías a cuyo frente estaban Blanco y Sánchez", y pese a ello se hizo constar que el Ayuntamiento de Valladolid conocía todos los términos y condiciones.

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