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SOCIEDAD

Aprobado el acuerdo de la SVAV para abordar las obras del ferrocarril sin soterramiento

Aprobado el acuerdo de la SVAV para abordar las obras de integración sin soterramiento
Actualizado 21/09/2017 17:30:29
Redacción

El proyecto tiene una inversión de unos 300 millones de euros y el Ejecutivo participa en un 25%

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 21 de setiembre, la firma del convenio que permitirá llevar a cabo las obras de integración del ferrocarril en Valladolid por parte de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), en la que la Junta de Castilla y León participa al 25% junto al Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Fomento.

Este convenio, que se suscribirá con las citadas entidades y administraciones, tiene como objetivo la integración permeable, en superficie, del ferrocarril en la ciudad, "siempre bajo el principio de eficiencia en la gestión pública, facilitando la utilización conjunta de medios y servicios públicos y cumpliendo con las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

La "necesidad y oportunidad" del convenio, según han precisado fuentes del Gobierno regional, deriva del acuerdo del Consejo de Administración de la SVAV adoptado en su sesión de 14 de julio de 2017, por unanimidad de todos los socios.

El nuevo convenio permite, entre otras cosas, la vialidad de la entidad, pues el Grupo Fomento se compromete a solventar la deuda pendiente por el préstamo de 404 millones de euros concedido a la SVAV en el año 2011, así como la ejecución de las obras de integración en superficie, en lugar del proyecto de soterramiento de las vías que se planteaba desde 2002.

Los socios han definido las actuaciones pendientes de ejecutar para el desarrollo de la solución de integración así como el balance económico de la operación. Así, se comprometen a la definición de la alternativa de la integración que, "manteniendo la estación y la infraestructura ferroviaria en superficie, ajustando en lo posible el ancho de la traza ferroviaria, propicie una mayor permeabilidad de la traza ferroviaria en la ciudad de Valladolid y contribuya a su mejor vertebración".

Además, se finalizará el Túnel Pinar de Antequera, ya en funcionamiento, así como el traslado de los actuales talleres de Renfe, situados junto a la estación Campo Grande, a la nueva Base de Mantenimiento Integral (BMI) y la ejecución de la segunda fase del complejo ferroviario, que incluye, entre otros, la nueva estación de mercancías, el traslado de la empresa Redalsa, y un nuevo centro de tecnología de la vía (CTV). También se ejecutará la nueva estación autobuses.

Asimismo, se lleva a cabo la adaptación del planeamiento urbanístico vigente para establecer la ordenación, usos e intensidades urbanísticas más convenientes en los terrenos que no son necesarios para la explotación ferroviaria, y que de esta manera permita obtener unos aprovechamientos que cubran los costes de la actuación.

Coste de 300 millones de euros

El convenio firmado detalla los compromisos de cada una de las partes firmantes; desde el punto de vista económico, y supone la aprobación por parte de los socios de un plan financiero para la viabilidad de la sociedad que incluye la ejecución y financiación de las actuaciones urbanísticas y ferroviarias necesarias para la integración permeable ferrocarril-ciudad; tras el análisis de las actuaciones pendientes, el coste estimado pendiente de las actuaciones a ejecutar se estima en casi 300 millones de euros de los que el 25% -75 millones- corresponde a la Administración autonómica.

Asimismo, la Junta de Castilla y León, como Administración que ejerce las competencias urbanísticas, se compromete a realizar los trámites necesarios para aprobar el planeamiento urbanístico modificado por el Ayuntamiento.

El convenio permitirá la terminación en el plazo "más inmediato posible" de los nuevos talleres ferroviarios y el traslado a las nuevas instalaciones de los actuales talleres, afianzando el mantenimiento de la carga de trabajo y el empleo en los mismos, una de las finalidades especialmente perseguida por la Junta de Castilla y León, y resto de los miembros de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

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