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CAPITAL

León de la Riva se sentará en el banquillo por las 'comfort letter' del soterramiento

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Actualizado 28/07/2017 12:20:07
Redacción

Imputados por prevaricación administrativa tanto el exalcalde, como el exconcejal Manuel Sánchez y el actual edil del PP Alfredo Blanco

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, el exconcejal de Planificación Urbanística, Manuel Sánchez y el actual concejal del PP, Alfredo Blanco, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 4 por prevaricación administrativa por el caso de la 'comfort letter' que se suscribió en el Ayuntamiento como aval de los créditos del soterramiento.

Según informa la Cadena Ser, el auto de imputación dictado supone que los tres políticos del PP están a un paso de ser juzgados ya que la apertura de juicio oral se llevará a cabo cuando finalicen los trámites. Además a León de la Riva, que fue alcalde de la ciudad durante 20 años, se le imputa un delito de falsedad documental.

El auto es muy claro sobre la responsabilidad de De la Riva, Sánchez y Blanco, ya que fueron tres documentos firmados sin que ningún departamento del Ayuntamiento tuviera conocimiento de ello. La primera carta de conformidad la firmó el alcalde el 28 de julio de 2008 para avalar el crédito de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad por valor de 200 millones de euros. La segunda fue rubricada en septiembre de 2010 para refinanciar la operación ferroviaria por 70 millones de euros. Y la tercera y última suponía la financiación de 400 millones de euros, de los que 100 corresponderían al Ayuntamiento de Valladolid.

En los tres casos las cartas de conformidad fueron firmadas "sin seguir el oportuno procedimiento administrativo previsto y sin la previa autorización o conocimiento del Pleno del Ayuntamiento, así como sin el preceptivo informe de la Intervención Municipal y sin la autorización de la Consejería de Hacienda", según el auto recogido por Europa Press.

Asimismo, el auto señala que estos documentos firmados por León de la Riva "contenían extremos no reales o faltaban a la verdad" además que los dos concejales ahora imputados "tenían conocimiento de que la emisión de esas cartas se hizo sin seguir los trámites administrativos oportunos y participaron en las reuniones en los que se trató la necesidad de emitir dichas cartas", ya que tanto Alfredo Blanco como Manuel Sánchez eran miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Alta Velocidad.

Ahora, se da traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligengencias complementarias.

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