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SOCIEDAD

La acusación particular pide penas de 17 años por estafar 700.000 euros a un anciano

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Actualizado 09/07/2017 12:50:08
Redacción

Un abogado y su hijo se sientan este lunes en el banquillo de los acusados por el presunto delito que ocurrió entre 2003 y 2008

La presunta estafa de 700.000 euros a un anciano ciego y privado de sus facultades mentales por parte de un abogado, A.S.V.Q. y su hijo A.V.G. entre 2003 y 2008 se juzga desde este lunes en la Audiencia de Valladolid. Mientras que el fiscal solicita penas de entre 8 y 6 años y medio, la acusación particular eleva la petición a 17 años para cada uno.

La estafa se pudo llevar a cabo mediante distintas operaciones de refinanciación de la deuda de éste, a través de la firma de hasta 18 hipotecas cambiarias, que les convirtieron en sus principales acreedores.

El juicio se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, donde padre e hijo se enfrentan a posibles condenas de de ocho y seis años y medio de cárcel, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La acusación pública tipifica los hechos como un delito continuado de estafa y, amén de las citadas penas de cárcel para padre e hijo, solicita multas, por el mismo orden, de 8.640 y 7.200 euros, además de la declaración de nulidad de la totalidad de las letras de cambio e hipotecas suscritas.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Ignacio Vegas Nieto, en representación de la supuesta víctima, eleva las peticiones de prisión para ambos procesados a 17 años por delitos de estafa continuada, falsificación en documento público y privado y delito contable, junto con la anulación de las hipotecas y el pago de 50.000 euros de responsabilidad civil.

En su escrito, el fiscal sostiene que A.S.V.Q. viene actuando desde hace años frente a terceros a través de las sociedades instrumentales Inversiones Multiformes S.L. y Gestores de Hipotecas Cambiarias S.L, por medio de las cuales contacta con personas con deudas de considerable cuantía y negocia con ellas su refinanciación, convirtiéndose de este modo en acreedor de las mismas ayudado, "con pleno conocimiento del modo de actuar", de su hijo.

Se da la circunstancia, además, de que no consta actividad reglada de las empresas citadas ni regularidad en sus declaraciones fiscales. Figuran como administradores de las mismas personas "interpuestas" sin capacidad alguna de decisión, ya que padre e hijo son quienes toman la totalidad de las decisiones relativas a la actividad de esas sociedades.

En el presente caso, la supuesta víctima de los acusados es J.L.G.B, ya septuagenario cuando se iniciaron los hechos y con un importante patrimonio inmobiliario--era dueño al 50% del edificio situado en el número 21 de la calle Gamazo, gestor de otro 33% del mismo como tutor de una de sus hijas y propietario a su vez de otro piso en el Paseo de Zorrilla--, si bien padecía una enfermedad que concluyó en su incapacitación por orden judicial en 2010.

El contacto de éste con sus supuestos estafadores se produjo a raíz de que el anciano avalara a un amigo en un crédito de 35.000 euros para la compra de un coche que resultó impagado por el segundo, de forma que el banco acabó ejecutando a ambos.

Fue a partir de ahí cuando A.S.V.Q. y su hijo, al corriente de subastas y ejecuciones, conocieron el problema del anciano y de su amigo y aprovecharon esta situación para, siempre según los acusadores, engañar al septuagenario haciéndole creer que le iban a resolver el contratiempo dándole un préstamo, cuando lo que hicieron realmente fue subrogarse en la posición del banco para seguir ejecutando al engañado y obligarle a renovar una tras otra más hipotecas cambiarias, y así hasta un total de 18, muy a corto plazo y con un TAE medio del 75%.

Las operaciones fueron suscritas a través de las empresas instrumentales de los dos acusados y sobre el inmueble de la calle Gamazo 21, de forma que las sociedades figuran como principales acreedoras de la víctima por importe global de 700.000 euros, entre las hipotecas, intereses y costas.

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA

No es la primera vez que A.S.V.Q. tiene problemas con la Justicia. De hecho, en 2011 fue inhabilitado por la Audiencia de Valladolid para un periodo de dos años y medio para el ejercicio de la abogacía por un delito de deslealtad profesional cometido entre los años 2002 y 2004 por el asesoramiento prestado a un cliente, propietario de una agencia de transportes, que requirió sus servicios para saber cómo convertir en líquido el patrimonio inmobiliario del que disponía para hacer frente a determinadas deudas.

La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia vallisoletana fue, sin embargo, revocada en 2012 por el Tribunal Supremo, que estimó así el recurso de casación del condenado contra el referido fallo que le impuso además una multa de 5.760 euros por deslealtad profesional pero que le absolvió del delito continuado de estafa que también le imputaba el Ministerio Fiscal y por el que le pedía cinco años de cárcel.

El Supremo justificó la absolución en el convencimiento de que "la actividad finalmente desarrollada por el acusado a través de su empresa y que le fue encomendada por su cliente nada tiene que ver con las funciones específicas de la abogacía", de ahí que, tal y como añade el fallo, una actividad extrajurídica y al margen de dicha profesión no puede convertirse en delictiva por la mera condición de abogado del que la realiza", pues ello supondría traicionar el sentido del artículo 467.2 del Código Penal.

En aquel caso, la Audiencia Provincial entendió que lo que ocurrió es que la víctima acudió al despacho del letrado, con 28 años de ejercicio en el Colegio de Abogados de Valladolid, y éste lo que hizo fue derivarle hacia su empresa de préstamos en el mercado financiero secundario, Inversiones Multiformes, perjudicándole económicamente con prácticas más propias de la usura.

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